De Carlos Martínez-Cava
España tiene uno de los salarios mínimos interprofesionales más bajos de Europa. Las sucesivas reformas laborales emprendidas por gobiernos socialistas y populares no han servido para crear empleo y sí para precarizar las condiciones del trabajo ya existente. Especialmente la última de 2012, ha hecho de España la deseada “Bangladesh” del continente, permitiendo descargar sobre los costes laborales la factura de una pésima gestión política.
El
español de la calle se queja de su creciente pérdida de poder
adquisitivo para poder pagar servicios esenciales como la luz, el gas,
el teléfono, la gasolina… Ante eso, ¿es la solución incrementar el salario mínimo, o, hacer accesibles esos servicios esenciales a precios menores?
España carece de un Plan Energético Nacional. Abandonada la Industria a su suerte, los gobiernos de Felipe González desmontaron todo el tejido industrial español a cambio de fondos que ya han dejado de fluir.
Perdimos SEAT, ENSIDESA, perdimos Cepsa, perdimos Tabacalera, perdimos Campofrío, perdimos ENDESA, perdimos Iberia y se perderá Repsol. Se perderá Iberdrola y, al final, sólo nos quedará Inditex. Y estamos hablando de empresas que pasaron a ser privatizadas y, posteriormente, su control pasó a manos extranjeras.
Nada que ver con aquella industria del acero, astillera o energética que España vió crecer en los años 60 y 70. Entre 1970 y 2009 el peso de la industria en el PIB pasaría del 34 al 15%, mientras que los servicios pasarían del 46 al 72%.
Roberto Centeno nos decía recientemente que “de los 19 puntos de PIB perdidos por el sector industrial entre 1970 y 2009, poco más de un tercio es consecuencia de la productividad del trabajo, el resto responde a la inexistencia de una política industrial efectiva capaz de asignar los recursos a los sectores que merece la pena salvar y no a los electoralmente más rentables.
Las causas de aquel proceso de reconversión fueron varias:
1) La “política de gota a gota”: empresas cerrándose en cascada, sin que nadie advirtiera del escenario vacío que se creaba ;
2) Una traidora negociación de entrada en la CE, que enterraría lo conseguido por Ullastres en el Tratado Preferencial de 1970;
3) Un coste de financiación que ya es el más elevado de Europa, consecuencia de un sistema bancario oligopolístico y depredador, y que, para más escarnio, se ha adueñado de los destinos y deuda de los partidos políticos, convertidos así en lacayos de los banqueros mas significados de España-;
4) La degeneración moral que conllevó la aparición de la cultura del pelotazo implantada en la Transición, corregida y aumentada tanto por el PSOE como por el PP, y, con todo ello, la aparición de la economía especulativa que desprecia la economía productiva y el trabajo bien hecho, como certeramente describiría el Financial Times en marzo del 91, “durante los años de expansión, se vio un gran crecimiento de las inversiones financieras que en su mayor parte han derivado hacia actividades de tipo especulativo –principalmente hipotecarias– en lugar de a incrementar el tejido productivo”.
Este proceso de reconversión y desindustrialización emprendido en España y en el resto de Europa (aunque de una forma más controlada) ha provocado que, con el traspaso de Soberanía Nacional a Bruselas, se hayan dictado leyes y directrices en perjuicio de los intereses de los ciudadanos.
No existe una Política Económica que proteja de forma soberana al conjunto de empresas (y, por tanto, a sus trabajadores) europeas. Se ha dejado al albur de decisiones individuales y de las multinacionales la búsqueda de los menores costes aún a costa del desempleo de millones de personas en el continente que no pueden competir con condiciones infrahumanas que se dan en Asia.
España, por ejemplo, compra a China –y por este orden- máquinas, aparatos y material eléctrico y aparatos de imagen y sonido; equipos nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos y juguetes.
El textil es sólo una muestra de la destrucción acelerada de la manufactura española que, a su vez, es un ejemplo de la desindustrialización del mundo occidental.
Curiosamente, esta destrucción del tejido manufacturero tiene lugar a manos de una estrategia totalmente alejada del liberalismo económico (aunque con su complicidad), que es quien en Occidente impulsa la deslocalización de nuestras industrias.
Pero, lejos de actuar como España o el resto de Europa, nuestros competidores chinos han blindado a la inversión extranjera los sectores estratégicos de su economía, han establecido subsidios estatales a esos mismos sectores y han fijado el tipo de cambio de su moneda para impedir que ésta sea víctima de los efectos deletéreos de la "libertad" de capitales, como explicó, en su día, el profesor Funes Robert .
¿Qué hacer? El ejemplo está enfrente:
- En Japón, el "Ministerio de Industria y Comercio Internacional", según informa la Federación Americana de Científicos (FAS), "facilita el desarrollo inicial de casi todas las industrias principales proporcionando protección respecto a las importaciones de competidores, asistencia tecnológica, ayuda en la obtención de patentes extranjeras, acceso a los mercados extranjeros y asistencia en las fusiones".
- En lo monetario, los países "emergentes" restringen, si hace falta, la libertad de movimientos de capitales.
Los ejemplos de Japón y China son, por lo menos en lo económico, paradigmas de la heterodoxia antiliberal, y su modelo se extiende por toda Asia. Pero en Occidente, como consecuencia de la situación creada, los trabajadores son despedidos a miles y obligados por las nuevas condiciones del mercado a pactar contratos en precario.
España carece de un Plan Energético Nacional. Abandonada la Industria a su suerte, los gobiernos de Felipe González desmontaron todo el tejido industrial español a cambio de fondos que ya han dejado de fluir.
Perdimos SEAT, ENSIDESA, perdimos Cepsa, perdimos Tabacalera, perdimos Campofrío, perdimos ENDESA, perdimos Iberia y se perderá Repsol. Se perderá Iberdrola y, al final, sólo nos quedará Inditex. Y estamos hablando de empresas que pasaron a ser privatizadas y, posteriormente, su control pasó a manos extranjeras.
Nada que ver con aquella industria del acero, astillera o energética que España vió crecer en los años 60 y 70. Entre 1970 y 2009 el peso de la industria en el PIB pasaría del 34 al 15%, mientras que los servicios pasarían del 46 al 72%.
Roberto Centeno nos decía recientemente que “de los 19 puntos de PIB perdidos por el sector industrial entre 1970 y 2009, poco más de un tercio es consecuencia de la productividad del trabajo, el resto responde a la inexistencia de una política industrial efectiva capaz de asignar los recursos a los sectores que merece la pena salvar y no a los electoralmente más rentables.
Las causas de aquel proceso de reconversión fueron varias:
1) La “política de gota a gota”: empresas cerrándose en cascada, sin que nadie advirtiera del escenario vacío que se creaba ;
2) Una traidora negociación de entrada en la CE, que enterraría lo conseguido por Ullastres en el Tratado Preferencial de 1970;
3) Un coste de financiación que ya es el más elevado de Europa, consecuencia de un sistema bancario oligopolístico y depredador, y que, para más escarnio, se ha adueñado de los destinos y deuda de los partidos políticos, convertidos así en lacayos de los banqueros mas significados de España-;
4) La degeneración moral que conllevó la aparición de la cultura del pelotazo implantada en la Transición, corregida y aumentada tanto por el PSOE como por el PP, y, con todo ello, la aparición de la economía especulativa que desprecia la economía productiva y el trabajo bien hecho, como certeramente describiría el Financial Times en marzo del 91, “durante los años de expansión, se vio un gran crecimiento de las inversiones financieras que en su mayor parte han derivado hacia actividades de tipo especulativo –principalmente hipotecarias– en lugar de a incrementar el tejido productivo”.
Este proceso de reconversión y desindustrialización emprendido en España y en el resto de Europa (aunque de una forma más controlada) ha provocado que, con el traspaso de Soberanía Nacional a Bruselas, se hayan dictado leyes y directrices en perjuicio de los intereses de los ciudadanos.
No existe una Política Económica que proteja de forma soberana al conjunto de empresas (y, por tanto, a sus trabajadores) europeas. Se ha dejado al albur de decisiones individuales y de las multinacionales la búsqueda de los menores costes aún a costa del desempleo de millones de personas en el continente que no pueden competir con condiciones infrahumanas que se dan en Asia.
España, por ejemplo, compra a China –y por este orden- máquinas, aparatos y material eléctrico y aparatos de imagen y sonido; equipos nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos y juguetes.
El textil es sólo una muestra de la destrucción acelerada de la manufactura española que, a su vez, es un ejemplo de la desindustrialización del mundo occidental.
Curiosamente, esta destrucción del tejido manufacturero tiene lugar a manos de una estrategia totalmente alejada del liberalismo económico (aunque con su complicidad), que es quien en Occidente impulsa la deslocalización de nuestras industrias.
Pero, lejos de actuar como España o el resto de Europa, nuestros competidores chinos han blindado a la inversión extranjera los sectores estratégicos de su economía, han establecido subsidios estatales a esos mismos sectores y han fijado el tipo de cambio de su moneda para impedir que ésta sea víctima de los efectos deletéreos de la "libertad" de capitales, como explicó, en su día, el profesor Funes Robert .
¿Qué hacer? El ejemplo está enfrente:
- En Japón, el "Ministerio de Industria y Comercio Internacional", según informa la Federación Americana de Científicos (FAS), "facilita el desarrollo inicial de casi todas las industrias principales proporcionando protección respecto a las importaciones de competidores, asistencia tecnológica, ayuda en la obtención de patentes extranjeras, acceso a los mercados extranjeros y asistencia en las fusiones".
- En lo monetario, los países "emergentes" restringen, si hace falta, la libertad de movimientos de capitales.
Los ejemplos de Japón y China son, por lo menos en lo económico, paradigmas de la heterodoxia antiliberal, y su modelo se extiende por toda Asia. Pero en Occidente, como consecuencia de la situación creada, los trabajadores son despedidos a miles y obligados por las nuevas condiciones del mercado a pactar contratos en precario.
En
España el modelo impuesto lleva a la desaparición de los Convenios
Colectivos, y conduce al pacto individual que nos devuelve al siglo XIX
previo a la industrialización. Se ha trasladado al trabajador asilado la culpa de la crisis financiera,
lavándose las manos la casta dirigente política que vive al margen
–como la antigua nomenclatura soviética- del padecer diario de familias
con muchos de sus miembros sin trabajo y sin futuro.
Derechas e izquierdas avalan este nefasto modelo económico, rostros idénticos de una misma visión de economía liberal occidental.
Sólo una fuerte y vigorosa reacción que reconquiste la SOBERANIA NACIONAL puede evitar que España, fragmentada en 17 feudos ingobernables se hunda en el tercermundismo.
El dilema salarios o mejores servicios quedaría resuelto con un potente tejido industrial español y europeo que cerrara sus intereses a la miseria de quienes se llevan sus capitales a China, Asia o el Oriente Medio.
Apelar al patrotismo sin adoptar medidas realmente soberanas no es sino insultar y vejar aun más a quienes por carecer de lo más básico, se les echa en cara su falta de sentido nacional. Lo comunitario se ha de defender resueltamente y por todas las partes implicadas.
Es necesario y urgente que lo político se adueñe de lo económico mediante la implantación de una DEMOCRACIA SOBERANA que devuelva los objetivos de colocar los intereses básicos de la persona por encima de las conveniencias de instituciones no elegidas.
Derechas e izquierdas avalan este nefasto modelo económico, rostros idénticos de una misma visión de economía liberal occidental.
Sólo una fuerte y vigorosa reacción que reconquiste la SOBERANIA NACIONAL puede evitar que España, fragmentada en 17 feudos ingobernables se hunda en el tercermundismo.
El dilema salarios o mejores servicios quedaría resuelto con un potente tejido industrial español y europeo que cerrara sus intereses a la miseria de quienes se llevan sus capitales a China, Asia o el Oriente Medio.
Apelar al patrotismo sin adoptar medidas realmente soberanas no es sino insultar y vejar aun más a quienes por carecer de lo más básico, se les echa en cara su falta de sentido nacional. Lo comunitario se ha de defender resueltamente y por todas las partes implicadas.
Es necesario y urgente que lo político se adueñe de lo económico mediante la implantación de una DEMOCRACIA SOBERANA que devuelva los objetivos de colocar los intereses básicos de la persona por encima de las conveniencias de instituciones no elegidas.
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